22/11/2011

Esta norma, que es el tercer Decreto Ley de medidas sobre el gasto farmacéutico en apenas trece meses, no solo contiene medidas coyunturales para promover un nuevo "alivio financiero" a que alude en la exposición de motivos, sino que, como ha sido la tónica de las dos reformas anteriores, se aprovecha para incorporar ...» leer más

Esta norma, que es el tercer Decreto Ley de medidas sobre el gasto farmacéutico en apenas trece meses, no solo contiene medidas coyunturales para promover un nuevo "alivio financiero" a que alude en la exposición de motivos, sino que, como ha sido la tónica de las dos reformas anteriores, se aprovecha para incorporar otros ajustes de calado. 104 páginas de análisis jurídico didáctico y práctico.

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Precio: 354 €

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21/06/2010

Presentación.- El sector salud, integrado por las instituciones públicas y privadas responsables de la asistencia, los centros y establecimientos sanitarios, los usuarios (pacientes o no), los profesionales, la industria y demás agentes y productos que intervienen en la atención a la salud, constituye por su ex...» leer más

Presentación.- 

       El sector salud, integrado por las instituciones públicas y privadas responsables de la asistencia, los centros y establecimientos sanitarios, los usuarios (pacientes o no), los profesionales, la industria y demás agentes y productos que intervienen en la atención a la salud, constituye por su extensión y desarrollo en España un importante segmento de la actividad económica y de las prestaciones sociales de nuestro Estado del Bienestar. El sector salud ocupa un 7,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de los que el 5,4% corresponden a la sanidad pública y el 2,2% a la iniciativa privada¹. En este sector, por la amplitud de los agentes que intervienen, existen -inevitablemente- múltiples manifestaciones de fenómenos que podríamos calificar genéricamente de “fraudes” que se produce en distintas modalidades e intensidad, las más graves ligados a los servicios y prestaciones asistenciales de la Seguridad Social (Sistema Nacional de Salud), que, por su carácter universal, son objeto de una fuerte demanda de la población. 

       Los fenómenos de “fraude” -en general- en el sector público español se centran fundamentalmente en dos grandes ámbitos²: el ámbito de la economía sumergida y fraude fiscal, y el ámbito de la Seguridad Social, sea en su vertiente de ingresos (fraude en la afiliación y cotización) como en su vertiente de servicios (obtención ilícita de prestaciones económicas y asistenciales). El sector salud constituye el componente fundamental de los servicios asistenciales de la Seguridad Social en España³, que, como se ha señalado, por su gratuidad son objeto de frecuentes fraudes y abusos, los más importantes de los cuales -por su cuantía- son el fraude en la obtención de la baja laboral y en el uso indebido de recetas. Este informe, como se verá, se centra fundamentalmente en estas dos modalidades de fraude sin perjuicio de recoger complementariamente otras modalidades tanto en servicios como en productos, especialmente los que afectan a la Farmacia.

Precio: 476 €

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16/06/2010

Presentación.- La carrera profesional, en términos genéricos, es una noción relativa al desarrollo profesional, la acumulación de conocimientos, responsabilidades y experiencias y el progreso individual en el campo profesional, que no alcanza su reconocimiento general para el personal sanitario hasta hace escasa...» leer más

Presentación.-

La carrera profesional, en términos genéricos, es una noción relativa al desarrollo profesional, la acumulación de conocimientos, responsabilidades y experiencias y el progreso individual en el campo profesional, que no alcanza su reconocimiento general para el personal sanitario hasta hace escasamente cinco años con ocasión de la aprobación de la Ley 16/2003, de 18 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta primera mención legal se complementa ese mismo año con una regulación general del desarrollo profesional de los sanitarios en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), y con el reconocimiento -como elemento fundamental de ese desarrollo- del derecho a la carrera para el personal de los Servicios de Salud en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de dicho personal.  

El reconocimiento a nivel estatal de este derecho ha tenido como consecuencia a nivel autonómico la adopción de distintas disposiciones mediante las que se ha llevado a cabo la implantación de la carrera inicialmente en el ámbito de los titulados universitarios y del personal de enfermería y posteriormente para el resto de los empleados de los servicios sanitarios públicos. Un cuadro resumen de estos desarrollos se recoge como Anexo a este Informe.

 El reconocimiento del derecho a la carrera profesional del personal sanitario es una reivindicación de las organizaciones profesionales desde hace más de quince años fruto del estancamiento de las expectativas profesionales  de los médicos hospitalarios desde mediados de la década de los ochenta en España, y, en menor medida, fruto de la progresiva pérdida de prestigio social de estos profesionales de la sanidad pública. La reivindicación de la carrera toma en España como precedentes algunas de las experiencias de los sistemas sanitarios de la Unión Europea más desarrollados desde el punto de vista profesional que nuestro Sistema Nacional de Salud.

 

La cuestión planteada tiene que ver con el crecimiento extraordinario del empleo médico en los centros públicos y la evidente limitación de las plazas de gestión clínica o de dirección administrativa de los centros sanitarios. Frente a la limitación de tales plazas, que constituyen el único elemento de progreso profesional disponible, el establecimiento de una carrera profesional personal, vinculada no a la estructura y organización de los centros y servicios sino al progreso profesional y la acumulación de experiencia individual, representa una mejora de la situación profesional y, de la mano, del nivel retributivo de los empleados sanitarios públicos.

 

Mariano Avilés Muñoz - Letrado

Precio: 476 €

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16/06/2010

Presentación.- Esta primera redacción del Real Decreto, que suprime de golpe ocho de las nueve especialidades específicas de la profesión farmacéutica, supone una grave limitación de las posibilidades de formación especializada en el campo de la Farmacia, es contraria a la letra y al espírit...» leer más

Presentación.-

Esta primera redacción del Real Decreto, que suprime de golpe ocho de las nueve especialidades específicas de la profesión farmacéutica, supone una grave limitación de las posibilidades de formación especializada en el campo de la Farmacia, es contraria a la letra y al espíritu de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y no responde a las necesidades de expansión del sector de los medicamentos y de mejora y control de las prestaciones farmacéuticas, una de las áreas más dinámicas en el desarrollo de nuestro sistema sanitario. 

Por ello, sin perjuicio de los ajustes necesarios en el panorama general de las especialidades sanitarias en España, incluida la revisión de las farmacéuticas, la redacción final del Real Decreto debe ser modificada ampliando la relación de Especializaciones farmacéuticas, en concreto y como mínimo con la no supresión de las Especializaciones actualmente en desarrollo de Farmacia Industrial y Galénica y de Análisis y Control de Medicamentos y la inclusión de una nueva Especialización que podría denominarse Farmacia Asistencial o Farmacia comunitaria de Atención primaria, cuya Memoria justificativa ya fue presentada ante el Ministerio de Sanidad y Consumo por la Corporación farmacéutica.

 La cuestión planteada ahora respecto a la supresión de las Especializaciones farmacéuticas no hospitalarias debe ser entendida en el contexto más general de la creación y desarrollo del sistema de formación médica especializada, (práctica residencial en los hospitales) que tuvo su origen en la importación a España, a finales de la década de los sesenta y primeros años setenta, de esta modalidad de formación de médicos en los Estados Unidos. El éxito de la puesta en marcha entre nosotros de un régimen de formación similar, gracias al desarrollo técnico-científico de algunos hospitales pioneros de la Seguridad Social (sobre todos el Hospital Puerta de Hierro de Madrid), impulsó la modernización de la asistencia pública, hasta el punto de considerar, con el paso de los años, al sistema MIR (extendido a toda la red hospitalaria pública) como uno de los factores claves del avance del sistema sanitario español.

 

Mariano Avilés Múñoz- Letrado

Precio: 360 €

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16/06/2010

Presentación: Junto a su dimensión sanitaria y su carácter profesional, las Farmacias son -desde el punto de vista de su realidad económica- establecimientos mercantiles privados aunque con limitaciones sanitarias a la libre competencia. Las Farmacias son, pues, algo más que establecimientos sanitarios, son empr...» leer más

Presentación:

Junto a su dimensión sanitaria y su carácter profesional, las Farmacias son -desde el punto de vista de su realidad económica- establecimientos mercantiles privados aunque con limitaciones sanitarias a la libre competencia. Las Farmacias son, pues, algo más que establecimientos sanitarios, son empresas mercantiles ya que no dejan de ser actos mercantiles, de acuerdo al Código de Comercio, las compras de medicamentos a fabricantes y mayoristas y la posterior reventa (dispensación) a los pacientes obteniendo de ello el margen comercial correspondiente. La fuerte intervención sanitaria sobre los medicamentos no impide considerar estos establecimientos como comercios de titularidad privada, a todos los efectos, como los reconoce la legislación mercantil y fiscal. Cada día es más frecuente en el sector farmacéutico entender este negocio como una pyme que debe gestionar su balance con resultado positivo al finalizar el año.

 Además a nadie se le escapa que la actividad de las Farmacias constituye una actividad comercial general de mediación por cuanto ofrecen la venta al público no sólo de medicamentos y productos sanitarios intervenidos por la autoridad sanitaria, sino de otros productos (parafarmacia, cosméticos, de higiene personal, dietéticos y de régimen, calzado ortopédico, etc.) que pueden ser comercializados también en otros establecimientos mercantiles (perfumerías, droguerías, zapaterías, supermercados, grandes superficies). Tales productos son adquiridos para su venta, de acuerdo a las reglas comunes de la compraventa mercantil obteniendo la retribución el farmacéutico mediante las ganancias del diferencial de venta al público.

Mariano Avilés Muñoz- Letrado

Precio: 418 €

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27/05/2010

Presentación. En el ámbito general de las medidas de contención del gasto público puestas en marcha por el Gobierno con ocasión de la actual crisis financiera, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) -en su reun...» leer más

Presentación.

 En el ámbito general de las medidas de contención del gasto público puestas en marcha por el Gobierno con ocasión de la actual crisis financiera, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) -en su reunión de 18 de marzo de 2010- un documento de “Acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del SNS” uno de cuyos primeros contenidos se ha materializado en el Real Decreto Ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al SNS, que además de una reducción general en el precio de los genéricos incluye una serie de modificaciones puntuales de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,  y de los Reales Decretos 823/2008, de 16 de mayo, sobre márgenes de dispensación y deducciones de las Oficinas de Farmacia, y 618/2007, de 11 de mayo) sobre reservas singulares de dispensación.

Con posterioridad y en desarrollo de los anuncios del Presidente del Gobierno en su intervención en el Congreso de los Diputados del pasado 12 de mayo, tras la reunión el fin de semana inmediatamente anterior del Consejo de Ministros de Finanzas de la Eurozona, el Gobierno ha aprobado el 20 de mayo de 2010 el Real Decreto Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias de reducción del déficit público, que contiene un capítulo quinto de “Medidas en materia de sanidad” en cuyos artículos 8 a 13 y Disposición transitoria cuarta se contiene, completando la norma anterior, deducciones en la facturación de los medicamentos no genéricos con cargo al SNS y reducción en los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica, ampliación del régimen de dispensación en dosis individualizadasmediante modificación de la Ley 29/2006, e incorporación a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de una previsión expresa sobre la adquisición centralizada de medicamentos y productos sanitarios en el SNS.

 El objeto de este Guía de FARMAIURIS es analizar con detalle, desde un punto de vista jurídico, estas dos normas extraordinarias que han tenido un profundo impacto en el sector, tanto en la industria como en los demás agentes de la distribución y dispensación de medicamentos, y que han sido justificadas por el Gobierno en razón de la coyuntura financiera.

 No se hace mención en esta Guía, por su contenido estrictamente normativo, a la motivación económica de estos Reales Decretos Leyes ni a los impactos para los costes del SNS cifrados por el Ejecutivo en un ahorro de 1.146 millones/año por efecto del 4/2010 y 1.300 por el 8/2010. Tampoco a la repercusión económica estimada por la industria, la distribución o las Farmacias y a sus efectos sobre la configuración y evolución del sector a raíz de estas medidas. Se limita nuestro trabajo a la descripción de sus aspectos normativos y al análisis de sus principales reformas, aunque no se oculta que para conocer el alcance económico previamente debemos tener la exacta posición jurídica, lo que le brindamos en el trabajo de referencia.

 Debe destacarse que las medidas de racionalización adoptadas por el Gobierno vienen a dar continuidad a las políticas de ajuste tradicionales en el sector farmacéutico español, esto es, medidas de recortes que inciden sobre la oferta (laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia) y que no afectan a la demanda, en concreto al factor clave de crecimiento del gasto que es el aumento imparable del número de recetas. Sobre esta cuestión de las posibles medidas alternativas tampoco se trata en este Guía centrada en el comentario y valoración de las dos disposiciones tal como han sido aprobadas, con sus medidas de acción inmediata y sus aspectos más programáticos o propagandísticos de futuro. La Guía contiene una descripción y explicación completa de esas dos reformas legales, de sus antecedentes, contexto y efectos, en un estilo didáctico y ameno en aras a facilitar lectura -por su fácil comprensión- por cualquier profesional no jurista interesado en el tema.

 FARMAIURIS pretende con esta primera Guía legal iniciar una oferta de dictámenes, informes, guías y notas jurídicas para facilitar información legal práctica para su uso en la mejor defensa de los intereses de todos los agentes del sector farmacéutico.

 

                                                      Mariano Avilés Muñoz - Letrado

                                                        Madrid 24 de mayo de 2010

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Precio: 628 €

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16/03/2009

Presentación:Los almacenes mayoristas son una infraestructura esencial para la distribución minorista (Oficinas de Farmacia). Aunque las Farmacias no están legalmente obligadas a adquirir los medicamentos a los almacenes lo hacen en proporción al 95% y ello por las ventajas de orden práctico que representa su actividad que, en España, se encuentra ...» leer más

Presentación:

Los almacenes mayoristas son una infraestructura esencial para la distribución minorista (Oficinas de Farmacia). Aunque las Farmacias no están legalmente obligadas a adquirir los medicamentos a los almacenes lo hacen en proporción al 95% y ello por las ventajas de orden práctico que representa su actividad que, en España, se encuentra intervenida en su autorización, funcionamiento e incluso retribución (márgenes). La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, regula específicamente la distribución en el Capítulo II del Título IV, en los artículos 68 a 71, como uno de los instrumentos de la “garantía de accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos”. La principal novedad que recoge la Ley 29/2006 a favor de los mayoristas es el “derecho al suministro” que se reconoce a los almacenes quizás en compensación a la mención expresa que se contiene en la Ley a la “distribución directa” (artículo 69), a favor de los laboratorios, y que no figuraba en la Ley de 1990. Según el autor, está claro -del espíritu del legislador- el contenido de este derecho en virtud del cual, y con independencia de la libertad de relaciones comerciales en que operan laboratorios y distribuidores, estos tienen derecho a ser suministrados por los laboratorios, que los laboratorios no podrán negar, y, que, ante tales negativas si se producen, corresponde al Estado una especial función de tutela, mediante la intervención a través de medidas especiales o singulares o del ejercicio de funciones arbítrales, en los términos que mejor correspondan.

Precio: 526 €

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